Capitán General don Augusto Pinochet Ugarte
Presidente de la República de Chile
Presente
Señor Presidente:
Luego de un período de profunda reflexión y oración, los abajo firmantes hemos resuelto dirigirnos a usted a través de la presente carta abierta, con el objeto de hacerle saber nuestro sentir acerca de la grave situación de nuestro país.
Le escribimos en nuestra calidad de pastores, impulsados por nuestra responsabilidad de velar por la vida de todos los hijos de Dios y apremiados por los miembros de nuestras iglesias que, agobiados por las grandes dificultades que enfrentan, reclaman la voz de sus pastores.
La autoridad de nuestra palabra proviene del llamado de Dios que a través de la Biblia nos urge a ser “atalayas” (Ezequiel, 33.1-9) que alerten al pueblo de los peligros que amenazan su vida, y advierten a los que actúan injustamente acerca de las consecuencias de su proceder.
1. La mayoría de nuestras iglesias locales se encuentran ubicadas en los sectores más humildes de la ciudad y del campo. Por tal razón, en nuestra labor pastoral constatamos a diario el grave deterioro de las condiciones de vida de la población.
Las palabras hambre, cesantía, desnutrición, enfermedad, hacinamiento, deserción escolar, etc., son las que más verazmente describen la dramática situación de gran parte de la población chilena. Y de la desesperación y frustración que genera esta situación, surge un conjunto de enfermedades sociales que están destruyendo la convivencia familiar y comunitaria: la drogadicción en jóvenes y niños, la prostitución juvenil e incluso infantil, el incremento alarmante de la delincuencia y, lo que es aún más trágico, un notable incremento de suicidios de causalidad social.
No necesitamos ser economistas ni manejar estadísticas para darnos cuenta del abismo que existe entre este triste país real, y lo que proyectan generalmente las cifras oficiales o la publicidad televisiva. Realmente nos resulta imposible conciliar el país que vemos con nuestros ojos, y el país que proyecta la publicidad estatal.
A la luz de nuestra fe cristiana, esta situación es un escándalo, y se contrapone radicalmente a la voluntad de Dios, quien por puro amor puso la creación, que sólo a él pertenece (Salmo 24), al servicio de todos los seres humanos, sin discriminación de ninguna especie. En nombre de este Dios, proclamamos que ningún Estado, y menos aún si pretende inspirarse en los principios cristianos de justicia, puede supeditar la satisfacción de derechos tan vitales, como la salud, la educación, la vivienda, al puro “libre juego” de las leyes del mercado.
2. Como es natural, la situación antes descrita ha ido generando un creciente descontento popular. Es propio del ser humano reaccionar cuando sus necesidades básicas están insatisfechas. Sin embargo, constatamos en la actual situación del país, una inexistencia total de canales normales, permitidos y respetados, para expresar ese descontento y demandar soluciones. La gente no tiene a quién recurrir, dónde reclamar, dónde participar constructivamente para resolver sus problemas. La experiencia más universal de los pobres es que han golpeado muchas puertas, pero todas permanecieron cerradas. Y entonces recurren a las iglesias que, apremiadas por la situación, se han visto obligadas a desplegar múltiples esfuerzos para paliar la situación de miseria. Pero esos esfuerzos –que no son función primordial de las iglesias, sino del Estado- no dan abasto.
Así, a la experiencia de la pobreza se suma la experiencia del desamparo, de la soledad, de la falta total de oportunidades de participar activamente en la solución de los propios problemas. Todo esfuerzo se torna inútil.
Esta realidad también se contrapone a la voluntad de Dios. Dios invitó a todos los seres humanos a colaborar con Él en la tarea de mantener y recrear la vida en este mundo (Génesis 1.27-28, Salmo 8). Cuando se proscribe la participación responsable de todos los ciudadanos en la construcción de una sociedad justa, se proscribe lo más distintivo de la realidad humana: ser “imagen y semejanza” del Dios creador de la vida.
3. Es debido a la inexistencia de canales normales de participación social y política que los sectores más afectados por la situación del país han ideado, a través de sus organizaciones y dirigentes, formas alternativas para expresar el descontento, como lo son las llamadas “jornadas de protesta”, los llamado a “paro” de actividades y otras múltiples formas de manifestaciones sectoriales, concebidas como medios pacíficos y cívicos de protesta. Aunque las leyes vigentes proscriban estas manifestaciones, como cristianos las reconocemos como éticamente legítimas y justas, por cuanto no existen otros canales para una real y efectiva expresión de demandas de la población.
Estamos absolutamente conscientes y a la vez consternados porque en todas estas manifestaciones se han producido hechos graves de violencia, con un alto costo en vidas humanas y en destrucción de bienes de la comunidad o privados. Sin embargo, creemos que la explicación de estos acontecimientos, debe buscarse en el hecho mismo de que no existen otros canales más normales de participación, en la gran agresividad acumulada en algunos sectores por la precariedad de sus condiciones de vida, y en el modo en que estas manifestaciones son reprimidas. No creemos que la responsabilidad de estos hechos pueda atribuirse a los convocantes de tales manifestaciones. Los dirigentes, sean laborales, profesionales, estudiantiles o políticos, que han asumido la convocatoria de estas manifestaciones, lo han hecho por mandato de sus propias bases, y en la legítima búsqueda de formas pacíficas de canalizar el clamor popular por un cambio en el país.
Declaramos, pues, que los frecuentes procesos en contra de estos dirigentes son injustos. Ellos son personas que, arriesgando su propia seguridad, se ponen al servicio de sus organizaciones y de la comunidad nacional. No es justa una ley que considere a tales ciudadanos como delincuentes.
¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos! ¿Y qué haréis en el día del castigo? (Isaías 10.1-3).
4. Con tristeza hemos constatado en repetidas oportunidades que vuestro gobierno en vez de procurar escuchar y reconocer las razones del descontento popular, ha concentrado todo su esfuerzo en la incomprensible tarea de inhibir, reprimir, desvirtuar y desconocer toda forma de manifestación popular.
Para ello se ha recurrido a los mecanismos jurídicos que el propio gobierno ha creado y sobre todo al recurso de la fuerza, destinando numeroso contingente armado para la represión directa e indiscriminada de las manifestaciones públicas. Nos preocupa el que miembros de las Fuerzas Armadas, hijos del pueblo chileno, hayan sido llamados a reprimir a sus propios hermanos.
Nos parece peligroso enfrentar a las Fuerzas Armadas con los civiles. Nuestra propia mirada a esta situación nos permite concluir que en aquellos sectores donde las manifestaciones de descontento no han sido reprimidas por la fuerza, no se han producido hechos graves de violencia. La presencia exagerada de contingente militar actúa –aun cuando no sea su propósito- como una provocación, activando la agresividad acumulada en los sectores más sufridos.
Además de la represión directa a las manifestaciones, hemos sido testigos directos o indirectos de múltiples formas de disuadir toda forma de participación por el recurso del miedo. De esta manera entendemos los allanamientos masivos a poblaciones que han significado graves vejaciones para los afectados, además de ser un atentado contra el derecho a la privacidad, y las virtuales ocupaciones del centro de Santiago, como en otros sectores de la ciudad. El mismo propósito parecen tener muchos hechos nunca aclarados, en que grupos de “desconocidos” secuestran a personas, especialmente jóvenes, profiriéndoles amenazas y torturas físicas o psicológicas, o asaltan locales de instituciones solidarias eclesiales o civiles. Existe un clima de temor en la población que produce una permanente inseguridad, y que sin duda está afectando psicológicamente a todos, y en especial a los niños.
A la luz de la Escritura, estos hechos son inaceptables. La tarea de un buen gobierno es escuchar y brindar protección a sus habitantes:
He aquí que para hacer justicia reinará un rey y los jefes juzgarán según derecho. Cada uno de ellos será como el refugio contra el viento y protección contra la tempestad, como canales de riego en tierra seca, como la sombra de una gran roca en el desierto (Isaías 32.1-2).
Cuando un gobierno recurre con frecuencia al miedo y a la represión como fundamentos de su estabilidad, está contraviniendo esta condición básica de todo buen gobierno.
5. Desde que se iniciaron las protestas en 1983, la situación de Derechos Humanos en nuestro país ha tenido un franco deterioro. A la persistencia de situaciones graves como el exilio, la falta de respuesta a los casos de detenidos desaparecidos, a la impunidad en que han permanecido crímenes como los del joven Eduardo Jara, el dirigente Tucapel Jiménez, la Sra. María Loreto Castillo (la “dinamitada”), se han consumado otros graves hechos que han horrorizado a la opinión pública nacional e internacional.
Allí está el caso de los tres profesionales degollados, el presunto “suicidio” de tres familiares del artista Benedicto Salinas, el caso de los dos jóvenes quemados vivos y la muerte en extrañas circunstancias del joven dirigente estudiantil Mario Martínez.
Es sumamente grave que estos hechos permanezcan sin ser aclarados. La percepción de ineficacia de los órganos de justicia para resolver estos hechos produce una gran inseguridad en la población. Es muy peligroso cuando un pueblo tiene la convicción de que no hay justicia, porque allí se alimenta la tentación de asumir la justicia en las propias manos.
Si su gobierno realmente quiere trabajar por la tranquilidad y paz públicas, debe cooperar al máximo por que se aclaren estos hechos y se sancione a los que resulten culpables.
Según el profundo mensaje bíblico que inspira nuestra palabra, la paz sólo puede ser fruto de la justicia:
…y el fruto de la justicia será la paz, la acción del derecho, calma y tranquilidad perpetuas
(Isaías, 32.17).
6. Como pastores estamos preocupados, pues percibimos que su gobierno se muestra más preocupado por su imagen pública que por resolver los problemas reales que aquejan al país. Con demasiada rapidez se califica a quienes hacen críticas dentro o fuera del país, como “enemigos de la patria” o “títeres del comunismo internacional”. Las declaraciones oficiales de diversos funcionarios de gobierno tienden a identificar todo acto de “oposición” con “la violencia subversiva”.
Como pastores, reconocemos como amigos del pueblo de Chile a todos quienes, cualquiera sea su nacionalidad, confesión religiosa o convicciones políticas, manifiestan preocupación genuina por la vida de los chilenos. Tal preocupación es expresión de la más básica hermandad entre los seres humanos, valor muy preciado por todos los verdaderos cristianos.
En nuestra opinión, el rostro de un país es la vida de su pueblo. Si su gobierno quiere mejorar el rostro del país, debe escuchar el clamor de su pueblo y actuar en consecuencia.
7. Todos los hechos que hemos descrito, cuyos elementos centrales son un gran descontento popular y una falta de voluntad política del gobierno de tomar seriamente en cuenta este descontento, han venido configurando un verdadero y lamentable clima de guerra en el país. A las manifestaciones de descontento se ha respondido con el recurso de la fuerza. Esto ha ido provocando en muchas personas, especialmente jóvenes cuya vida no tiene ningún futuro en las actuales condiciones, la convicción de que sólo se pueden cambiar las cosas recurriendo también a la fuerza y, en consecuencia, entran en el juego de la violencia.
Hoy, la posibilidad de incremento de acciones violentas y armadas, sea para
cambiar o mantener la actual situación, no parece tan lejana. Hechos recientes como el hallazgo de arsenales ocultos en diversas zonas de nuestro país y el condenable secuestro del coronel Mario Haeberle, podrían ser indicios claros de esta tendencia. Y esto es muy grave. Nuestro pueblo ama la paz y no quiere la guerra. Ya son demasiadas las heridas acumuladas como para profundizarlas. Es tiempo de detener la espiral de violencia antes de que sea demasiado tarde. Lo que está en juego es la existencia misma de Chile como sociedad verdaderamente humana.
8. La espiral de violencia no se puede detener con más violencia. Como pastores, estamos convencidos de que la única forma de detenerla es abriendo las puertas a la plena participación ciudadana en la búsqueda de un consenso para la reconstrucción de un país de hermanos que ha dejado de ser tal. En nombre de Dios, dador y sostenedor de la vida, proclamamos la urgente necesidad de restablecer una sociedad participativa, pluralista y democrática, basada en el respeto a los Derechos Humanos.
No creemos que la solución sea mágica. Pero tenemos plena convicción de que el pueblo chileno tiene la madurez y la tradición democrática como para responder a la altura de los actuales desafíos.
En consecuencia, hacemos un responsable, firme y urgente llamado al gobierno que usted preside, a realizar un acto de desprendimiento y amor por el país, dando curso inmediato a un proceso de transición democrática que el propio pueblo de Chile determine a través de sus variadas organizaciones.
De no escuchar éste y muchos otros llamados, su gobierno, y en esa medida, las instituciones armadas, se están haciendo responsables del creciente clima de guerra que tendrá imprevisibles consecuencias para el país, y acreedores del juicio de Dios por la sangre derramada.
¡Que Dios le dé la sabiduría necesaria en este momento para acoger este llamado!
Los pastores que firman esta Declaración son:
Obispo Enrique Chávez, Iglesia Pentecostal de Chile; Dr. Jorge Cárdenas, Moderador Iglesia Evangélica Presbiteriana; Obispo José Flores, Iglesia Comunión de los Hermanos; Pastor Edgardo Toro, Director nacional Iglesia Wesleyana Nacional; Obispo Sinforiano Gutiérrez, Misiones Pentecostales Libres; Pastor Narciso Sepúlveda B., Presidente Misión “Iglesia Pentecostal”; Pastora Juana Albornoz, Misión Apostólica Universal; Obispo Isaías Gutiérrez, Junta Directiva de la Confraternidad Cristiana de Iglesias; P. Juan Sepúlveda, Presidente; Vicario Pedro Zavala, Secretario [Iglesia Evangélica Luterana en Chile]; Hno. Óscar Avello, Prosecretario; P. Leonardo Gajardo, Tesorero; P. Dagoberto Ramírez, Vocal.
[En nuestro país, sólo un medio publicó de manera íntegra la Carta abierta a Pinochet. Hablamos de la revista Mensaje, vol. XXXV, n° 353, octubre de 1986, p. 428-431. Los otros dos órganos que cubrieron la noticia ytranscribieron algunos párrafos de la citada carta fueron Solidaridad, núm. 231, septiembre de 1986, p. 8 y Análisis, año IX, n° 156, 2 al 8 de septiembre de 1986, p. 17-19]
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